Según uno de los productores que recibió las boletas del IIR, nos cuenta que en sus campos de Federal, que son todos de monte con productividad baja, el aumento aplicado es del 40%, “como si fuera un campo que genera buenos ingresos, es más…nos da pérdida ese campo o con suerte cubrimos gastos, pero no ganamos” y aclara, “ese lote es todo monte y no desmontamos nada, como hacen algunos vecinos que de esa manera pueden alimentar un poco más a las vacas y tener mejores índices de preñez, mientras que nosotros tenemos un índice de preñez del 50% bajísimo, realmente pésimo”, lamenta el ganadero.
-¿Había un compromiso del gobierno de no aumentar el impuesto por la emergencia, esto los sorprendió? “Totalmente”, afirma el productor, y recordó “uno de los postulados en las convocatorias de Crespo y Gualeguaychú era que no íbamos a aceptar la suba del inmobiliario ya que se declaró la emergencia agropecuaria, de hecho manifestamos que nos oponíamos con firmeza. Ni siquiera aceptaríamos el 1% de aumento. Estamos en una verdadera emergencia, campos que daban un rendimiento de soja de 35 a 40 qq/ha en la zona de Victoria dieron un promedio de 25qq por la sequía”.
En la boleta se puede observar el caso de un campo que 2021 pagó $34.142,31 en total y en 2022 tendrá que pagar $ 52.144,59
La palabra empeñada
En este sentido cabe recordar que las entidades que integran la Mesa de Enlace (SRA, FAA, FEDECO y FARER) y el gobierno provincial, desde fines de diciembre 2021, trabajaron conjuntamente para definir medidas destinadas a afrontar la sequía que afectaba a los productores entrerrianos y en ese marco en una reunión mantenida con el ministro de Economía, Hugo Ballay, también abordaron la situación impositiva en la provincia, y fue el propio ministro quien ratificó a los dirigentes presentes que: “no habría aumentos de alícuotas ni impuestos nuevos a partir de la firma del Consenso Fiscal y se comprometieron a analizar en conjunto la actualización anual del impuesto inmobiliario rural”, así lo confirma además el sitio oficial del Gobierno (Ver captura).
Entre Ríos en emergencia agropecuaria
La situación se complicó aún más cuando durante la ola de calor que azotó al país en enero de este año. Entre Ríos fue una de las provincias que más la sufrió, con fuertes pérdidas de cultivos además por la sequía y los incendios que asolaron el territorio, con más de $1200 millones de pérdidas -dato de la SRA Distrito Entre Ríos- a causa de los incendios forestales.
En este contexto catastrófico para la producción entrerriana, el Gobierno provincial declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, que luego fue homologado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que declaró, “en la provincia de Entre Ríos, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de julio de 2022, a las explotaciones agropecuarias de maíz, sorgo, bovinos, caprinos, ovinos, tamberos, hortícolas, pecan, cítricos y forestales, en todo el territorio provincial, afectadas por sequía, altas temperaturas e incendios”.
A partir de la declaración de emergencia se instruyó a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) que disponga el diferimiento y planes de pago especiales de los vencimientos del anticipo único y los anticipos 1º y 2º del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2022 a una fecha posterior al 31 de agosto del 2022.
Por su parte la Mesa de Enlace de Entre Ríos manifestó oportunamente que: “en el actual contexto de Emergencia Agropecuaria decretada por el Gobierno de Entre Ríos y homologada por la Nación, la sola razón de poner sobre la mesa la discusión de cualquier tipo de incremento impositivo sería un total contrasentido y reflejaría un alto grado de insensibilidad ante la grave realidad productiva provincial”.
En ese sentido, en febrero, las entidades agropecuarias cuestionaron la convocatoria del ministro de Economía Hugo Ballay para hablar sobre la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural. “Desde nuestras entidades entendemos que cualquier iniciativa que busque incrementar impuestos en el actual escenario tendría una gran contradicción con lo expresado por el señor Gobernador de que su gobierno saldría rápidamente a aliviar la situación de los productores entrerrianos”, plantearon.
El Estado entrerriano se queda con el 66,1% de lo que ganan productores
Aunque el ministro Ballay haya afirmado públicamente que “en Entre Ríos no hay presión fiscal”, el Índice FADA confirma en particular que el Estado entrerriano se queda con el 66,1% de la renta agrícola, para este cálculo se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia.
Cabe señalar que en nuestra provincia se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos, además se paga Ingresos Brutos con una alícuota del 0,75% en Entre Ríos.
En tanto que a nivel nacional, el Estado argentino, a través de distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales, se queda con el 67,9 por ciento de lo que gana un productor por la venta de su soja, según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) que señala que “en promedio de todos los cultivos, de cada 100 pesos que le quedan de renta al productor (ingresos menos costos), $63,20 son para los gobiernos nacional, provincial y municipal”.
Comentar