Oficialmente esgrimieron que esta decisión se basa en la “necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción”.
Hasta el presente,según datos informados por el Ministerio se lleva autorizada la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019/20, sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas, es decir que se ha cumplido con el 89% del mismo.
“El objetivo de la medida es que las 4,27 millones de toneladas restantes queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano cuando la oferta de cereal tiende a escasear.Eventualmente y en función de cómo evolucione la oferta y la demanda, así como de las perspectivas de la cosecha de maíz 2020/21, esta cartera evaluará la reapertura del registro”, informó el Ministerio.
CRA: “El regreso a recetas fracasadas”
Según Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), “una vez más el campo no pierde su capacidad de asombro, cuando todos entendíamos que el cierre de exportaciones es una pésima medida, cuando todos sabemos que si no exportamos no ingresan divisas y cuando todos entendemos que este camino de cierre de exportaciones nos llevó al fracaso, increíblemente se vuelve a decidir lo mismo”.
“Medidas inconsultas como la suspensión de los DJVE para el maíz, no hacen más que minar la confianza y desgastar la interrelación mutua entre el sector y el gobierno. Se dinamitan los canales de diálogo abiertos y con buena capilaridad que funcionaron en este año de pandemia.Esta medida atrasa, sumando incertidumbre al sector productivo, recetas ya perimidas con resultados desastrosos, que solo llevaron a la sojización extrema, y a la menor cosecha de trigo en 100 años, además de generar todo un sistema impuro de discrecionalidades y peajes.El Gobierno tiene la potestad de ejecutar regulaciones, pero tiene la obligación de que las mismas sean virtuosas, generando producción y desarrollo, tiene la herramienta del diálogo, abierta para estos casos.
El gobierno tiene que tener en claro que las consecuencias de sus decisiones, las termina pagando el productor, ese mismo productor que sufre la segunda presión fiscal más alta a nivel mundial, y al que ahora al achicarle su mercado de demanda vera como rápidamente el precio de su maíz baja para acomodarse a las necesidades de los demás eslabones de la cadena, generando una clara transferencia de recursos del sector primario a otros sectores, una manifiesta distorsión de producción que sin dudas impactara en las decisiones de siembra de la próxima campaña.
Terminando un año muy duro para todos, no esperábamos este golpe a la credibilidad de la relación entre el Gobierno y el sector productivo primario, una nueva pésima señal y el regreso al pasado más opaco del intervencionismo estatal. Habrá menos maíz a futuro como en su momento hubo menos carne y menos trigo, por eso, no debe asombrar que cada vez seamos un país más pobre”, expresó CRA.
CEEA: “Concluye un año difícil y el gobierno lo complica aún más con medidas inconsultas”
Pora Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) expresó su más absoluto disgusto ante la decisión política, tomada por el Gobierno nacional. Se trata de una medida que va a contramano de todo lo esperable, de lo que creemos que debe hacerse y del sentido común.
“Este año ha sido muy complicado para el país, y para los productores, y creíamos que, luego de que el propio Presidente Fernández nos asegurara que no volverían este tipo de medidas, ya no había lugar para acciones inconsultas. Evidentemente, volvieron a defraudar al campo y a todo el interior productivo con una decisión que además vuelve a generar una nueva transferencia de recursos de la producción primaria a otros eslabones de la cadena.
A esta altura, cuando los productores necesitamos reglas claras, previsibilidad y apoyo del Estado para salir adelante y superar los muchos problemas que ya veníamos arrastrando, profundizados por la pandemia de Covid-19, este tipo de medidas son un contrasentido. No poder exportar impide el ingreso de divisas al país y, a la vez, genera una gran crisis de confianza, que impacta negativamente sobre el precio de la producción y pone en duda la intención de siembra de este y otros productos. Y es que, con este tipo de medidas, el productor interpreta que sigue funcionando la discrecionalidad y la arbitrariedad, en lugar de la lógica y el diálogo.
Volvemos a tropezar con la misma piedra, puesta por funcionarios que ya vieron en el pasado los pésimos resultados que dieron medidas similares. No se entiende por qué esperan resultados diferentes, aplicando las mismas recetas. Como miembros del gobierno deberían bregar por mejorar las condiciones productivas. Si no quieren hacerlo por el bien del sector como debieran, al menos podrían hacerlo por el bien de todo el país. Pero no es así. Por el contrario, se nos sigue castigando, estigmatizando, a través de la implementación de medidas que -no cabe duda- nos llevarán a nuevos fracasos.
No queremos seguir perdiendo productores. No queremos más medidas inconsultas y tomadas entre gallos y medianoche. Esperamos que el gobierno reflexione y vea que este no es el camino. Que cometen, una vez más, un error, que nos perjudica a todos. Están a tiempo de resolverlo. Esperamos que lo hagan” finaliza el comunicado firmado por las cuatro entidades del agro.
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