De la reunión participaron productores no solamente agropecuarios, sino también de economías regionales afectadas por el fallo judicial de la provincia que restringe las distancias de aplicación de fitosanitarios. También hubo dirigentes de entidades agropecuarias, profesionales de la agronomía y directivos de escuelas rurales.
El sector productivo tiene un gran malestar por las complicaciones económicas que genera la restricción.
“El avance injustificado de los mal llamados ambientalistas pone en alerta al sector agropecuario y agroindustrial en su totalidad. En la provincia de Entre Ríos, quedarán sin producir 300.000 hectáreas y ni los productores, ni la provincia, ni la Nación pueden darse ese lujo. Esto definitivamente impactará en las ciudades entrerrianas”dijo Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA).
Sumado a la Reforma del Código Penal, que diferencia entre un funcionario lanzando bolsos por un convento con una pena de seis años de prisión y un “presunto delito ambiental” hasta 20 años, son elementos que constituyen una demagogia pocas veces vista en nuestro país.
“No hay más ambientalista que el mismo productor”
Según Chiesa “hay una gran ausencia y un total desconocimiento en base a la ciencia y tecnología que es aplicada en el campo. Los productos fitosanitarios que los productores utilizamos, están TODOS aprobados por Senasa y validados en su uso y manipulación por el INTI y el INTA, organismos oficiales por demás reconocidos internacionalmente” y aclara, “no hay más ambientalista que el mismo productor”.
“A pesar de que tanto provincias como Córdoba y Santa Fe han desarrollado programas de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) y avalados por la Nación, hoy todo eso se desconoce bajo el manto de la sospecha y ha quedado sumergida en la tan llamada grieta política” destacó el ruralista.
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