La aplicación de esta norma, intenta colaborar en el equilibrio de las disparidades existentes en el mercado local, distribuir equitativamente las oportunidades de comercio y consumo, aumentar la demanda laboral, dinamizar la economía y generar un cambio en el comportamiento del consumidor que lo induzca a conocer la calidad, frescura y riqueza de nuestros productos. La medida que está en línea con otras normas tomadas a nivel nacional, apunta a facilitar la inclusión de pequeñas y medianas empresas entre proveedores habituales de las cadenas para lo que deberán reservarle no menos que el 10% del espacio en góndola, incluyendo también refrigeradores o heladeras, utilizados para la exposición de los bienes a la venta.
“Ponemos a consideración legislativa una herramienta sumamente valiosa y acorde a la situación económica por la que estamos atravesando y que resulta de público conocimiento. Es esta la vía adecuada para emitir una respuesta efectiva a aquellas marcas que necesitan resguardo en el posicionamiento de sus productos, toda vez que las disposiciones que aquí se contienen, se erigen como la posibilidad de ofertar en igualdad de condiciones, permitiendo al consumidor optar por la más amplia gama de productos posibles”, dijo Vitor sobre su proyecto.
En el primer artículo del proyecto de ley, Vitor precisa que “Las personas humanas y/o jurídicas que operen por cuenta propia y/o de terceros,en cualquier establecimiento de los comprendidos en la Ley No 9.393 (de grandes superficies) o los que resultaren indicados por la Autoridad de Aplicación de esta Ley en su reglamentación, deberán adoptar e implementar un código de buenas prácticas con sus proveedores, teniendo en cuenta los lineamientos que a tal fin serán establecidos por la Autoridad de Aplicación de la iniciativa que ejercerá la Secretaría de la Producción.
Las normas que regulan las buenas prácticas comerciales y la intervención del Estado como regulador del mercado rigen, entre otros países y son expresión concreta de políticas de Estado que garantizan por una parte la libertad de mercado, pero por la otra, en una faceta naturalmente proteccionista, apostando a la subsistencia y el desarrollo del fabricante o productor local.
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