• Manifestamos nuestro compromiso con el trabajo, con nuestra vocación productiva, transformadora de la realidad, generando riqueza genuina, base de todo desarrollo económico que permite lograr sociedades prósperas y sin desequilibrios.
• Rechazamos el aumento de la presión fiscal, tanto en los derechos de exportación, como lo establecido por la ley de solidaridad social, y también por la caída del consenso fiscal en nuestra provincia.
• Esta nueva transferencia de recursos del sector productivo, hacia el estado, solo traerá más productores expulsados, representado un claro retroceso social, económico e incluso ambiental.
• No vemos hasta el presente que semejante sacrificio solicitado al sector, sea acompañado por los poderes del estado, ni en el ejecutivo, legislativo o judicial vemos proyectos reales que permitan terminar con privilegios o gastos superfluos, sino solo maquillajes o vagas promesas.
• Rechazamos todos los intentos de algunos sectores de la política o de la sociedad de imponer un relato sobre que el sector tiene rentas extraordinarias o no es solidario, lo que no solo lleva a posturas muy alejadas de la realidad, sino que estimula el enfrentamiento entre los argentinos.
• Como provincia diversificada en su producción planteamos la grave situación de todos los sectores: ganadería, tambo, arroz, citricultura, etc. en donde debe haber reglas claras de parte de los gobiernos nacional y provincial.
• Que además del enorme peso que se soporta por la desmedida presión fiscal, se debe resolver el impacto negativo de las tasas interés en los productores endeudados.
• El hambre en nuestro País no la generaron los sectores productivos, sino que es responsabilidad de quienes han administrado los millones de dólares que el sector ha transferido en retenciones por ejemplo, en más de 180 mil millones en los últimos 17 años, y nunca explicaron en que se gastaron.
• Solicitamos la urgente reglamentación del Art. 52 de la Ley de Solidaridad Social de segmentación (*), en base a un sistema de mínimo no imponible, en forma automática, transparente, sin crear nuevos organismos o fondos especiales, que debe ser transitoria, hasta tanto el gobierno nacional establezca el cronograma de eliminación total de las retenciones, como fue el compromiso del Pte. Alberto Fernández.
• Por último mantenemos nuestro estado de alerta y movilización, facultado a nuestras entidades a realizar todas las gestiones y acciones gremiales necesarias, en pos de la defensa de los productores agropecuarios y sus familias.
La Declaración Pública redactada en Villaguay, este sábado 11 de enero de 2020. fue rubricada por las 4 entidades que integran la Mesa de Enlace de Entre Ríos : Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO), Sociedad Rural, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y Federación Agraria.
(*)Art. 52 de la Ley de Solidaridad Social de segmentación
Art. 52.:- el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendiente a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación y establecerá criterios que estimulen la competitividad de la producción federal en función de las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización. Las modificaciones de las alícuotas en el marco de las facultades acordadas en el presente artículo deberán ser informadas por el poder ejecutivo nacional ante una comisión integrada por miembros del poder legislativo, del consejo federal agropecuario y representantes de las entidades y organizaciones representativas del sector agropecuario para que se expidan al respecto. Las alícuotas que sean aumentadas en el marco de las facultades acordadas en el marco del presente artículo no serán aplicadas a los distritos que sean declarados en emergencia agropecuaria de conformidad con la ley 26509 Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de emergencias y desastres agropecuarios.
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