La convocatoria se realiza bajo el lema “Fuera Grabois de Entre Ríos” y esperan contar con la presencia de productores de toda la provincia de Entre Ríos.
La usurpación de “Casa Nueva”
El pasado jueves 15 de octubre de 2020, un grupo de 40 desconocidos en unos 15 vehículos, liderados por Facundo Taboada, ingresaron por la fuerza, con carpas, palos, picos y azada , al establecimiento rural “Casa Nueva“, propiedad de Las Margaritas SA, ubicado en el Departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos.
Los agresores amenazaron al personal que trabaja en el lugar y mencionaron que estaban tomando el campo en nombre de Juan Grabois. Según supo Mundo Rural, este grupo de desconocidos ingresó violentamente al casco del establecimiento, forzaron puertas y ventanas, también entraron al puesto de la casera revolviendo sus pertenencias, tomándola por el cuello le arrebataron su celular.
Las autoridades de la empresa, frente a la violación de la propiedad privada, radicaron a las pocas horas la denuncia por usurpación en la Fiscalía de La Paz a cargo del Dr. Oscar Sobko y pusieron en conocimiento de los hechos a las más altas autoridades del ejecutivo provincial y a la Policía de Entre Ríos.
Así relata los hechos Leonor Etchevehere :
Ya pasaron 5 días del delito y funcionarios tanto del Gobierno provincia como del Poder Judicial entrerriano “no se han expresado ni a favor ni en contra de la inseguridad que vivimos los entrerrianos ante la propiedad privada”. Como se ve en el video “gente de Grabois” monta guardia con picos y palos en la puerta del Establecimiento “Casa Nueva”, dicen quien entra o sale del campo.
Diferentes entidades rurales y partidos políticos emitieron comunicados donde expresando su preocupación y “alarma ante la creciente sucesión de hechos violatorios de la Propiedad Privada”.
Por su parte la Mesa de Enlace de Entre Ríos se refirió puntualmente, a las tomas de tierras, algunas concretadas, otras abortadas, que han tenido lugar en la provincia de Entre Ríos en estos días, más precisamente en los departamentos Gualeguaychú y la última en La Paz.
“No es intención de esta Mesa profundizar en los casos concretos ni en las cuestiones judiciales de cada uno de ellos, simplemente queremos condenar todo tipo de toma de tierras, campos o viviendas que se realice, sean cuales fueras las motivaciones, ya que es imprescindible defender la ley y la Constitución Nacional antes de dar cualquier otro tipo de debate” expresaron las cuatro entidades del campo entrerriano.
“Son horas de preocupación y de zozobra” expresaron preocupados, “no debemos caer en la trampa de aceptar que, si los perjudicados son productores, el Estado intente desentenderse de los hechos pretendiendo que ello sea un conflicto entre privados, cuando es evidente que estamos ante el avasallamiento de derechos otorgados por nuestra carta magna, ya que las usurpaciones organizadas claramente violan el Art. 17° de la misma que protege al principio de la propiedad privada.
En ese contexto la Mesa de Enlace de Entre Ríos solicitó se extremen desde el Estado “todas las acciones y medidas que lleven tranquilidad a la sociedad, poniendo como norte irrenunciable la seguridad jurídica y de las vidas de las personas, de sus propiedades y un estricto respeto por la ley y el estado de derecho”.
La Sociedad Rural La Paz, en línea con la posición sostenida por la mesa de enlace de Entre Ríos y de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) condenaron y repudiaron enérgicamente todo tipo de toma de tierras, campos o viviendas que se realicen sean cuales fueran las motivaciones, además expresaron su profunda preocupación en que no se rechace enfáticamente y con la celeridad requerida, por parte de la Política y de la Justicia, la usurpación como modo de resolver las falencias del estado por las deudas sociales. Finalmente exigen que se extremen desde el Estados todas las acciones y medidas que lleven tranquilidad a la sociedad, donde se garantice la seguridad jurídica y protección de la vida de las personas y sus propiedades, dentro del respeto a la ley y del estado de derecho.
En concordancia con el resto de las entidades, la Sociedad Rural Argentina – Distrito Entre Ríos, pidió a las autoridades judiciales que “tomen pronta intervención y resolución” y agregan “el hecho de que una de las partes en conflicto apueste, por un lado, a denuncias en las redes sociales, mientras la otra parte lo haga en sede judicial, aumenta nuestra convicción de que la Justicia debe actuar de inmediato.
Para la SRA la resolución de la Justicia “no sólo debería estar en línea con la condena a quienes hayan cometido un delito sino también con la necesidad de preservar los bienes usurpados, además de evitar que se alcancen situaciones aún más conflictivas, a la vez, este mensaje de las autoridades políticas debería dejar en claro quiénes son sus interlocutores. En esta Argentina ya no debe haber lugar para los Grabois y todos aquellos que se sienten parte del Gobierno y que permanentemente dan mensajes atentando contra la Constitución y el Estado de Derecho”, sentenciaron.
Desde la Filial de Crespo de Federación Agraria también se expresaron en contra de “las acciones de la organización de Grabois” y llamaron la atención sobre “el desalojo que el fiscal de turno debe solicitar al juez es seriamente vista como una complicidad silenciosa teniendo ya las pruebas que fundamenten el pedido”. El comunicado afirma además que “este tipo de prácticas delictivas en contra de la propiedad privada no puede ser convalidado desde la política con una mirada distraída e irresponsable. Los ciudadanos entrerrianos necesitamos tranquilidad y seguridad jurídica y que la columna vertebral de las leyes es nuestra Constitución Nacional”.
Desde el PRO de Entre Ríos manifestaron su “profunda preocupación frente a la escalada que viene teniendo el conflicto de la toma de tierras en diferentes puntos del país”. En ese sentido manifestaron que “extraña la inacción -e inclusive la promoción de ciertas acciones- por parte del Estado, que es el encargado de respetarla y defenderla”. Por todo eso, “creemos que los resortes estatales que corresponden deben poner un freno a esta situación, restableciendo a la mayor brevedad posible la plena vigencia del Estado de Derecho”.
El Partido Nos Entre Ríos también expresó su “máximo repudio y condena” a la “usurpación ilegal”, instando al poder judicial con “firmeza y convicción en resguardo de los derechos de los ciudadanos”.
Dolores Etchevehere: 2 años sin vinculación económica ni patrimonial con la Sociedad
Según se informó desde la SA, Dolores Etchevehere vivió siempre de los recursos económicos de sus progenitores. Al poco tiempo del fallecimiento de su padre, en 2009, vendió a su madre todas sus acciones de SA Entre Ríos y Etchevehere Rural, percibiendo por ellas importantes recursos económicos.
En agosto de 2010, ante Escribano Público, todos los herederos de Luis Félix Etchevehere realizaban la partición y adjudicación de acciones de Las Margaritas SA de acuerdo a la ley.
Su madre el 50% y ella y sus hermanos el 12,5% cada uno.
En agosto de 2018 Dolores Etchevehere vende a su madre y sus hermanos, ante Escribano Público y sus abogados, sus derechos hereditarios en la Sucesión de su padre (12,5%) y sus acciones en Los Vascos Propiedades SA (12,5%).
Asimismo, también ante Escribano Público y sus abogados, Dolores Etchevehere firma un convenio con su madre y hermanos en donde se acordó su escisión de la firma Las Margaritas SA, recibiendo nuevamente dinero y propiedades en contraprestación. Este convenio fue presentado en el Juzgado del Sucesorio a cargo del Dr. Furman.
Con ello, en 2018, se concluyen de forma definitiva todas las causas judiciales y su desvinculación patrimonial total con su madre y hermanos.
Mientras se ejecuta el convenio mencionado, a través de pagos económicos y en especie, Dolores Etchevehere informa a Las Margaritas SA, vía documento firmado ante Escribano Público, que vendió sus acciones (12,5%).
Esta decisión fue tomada por ella ante la millonaria demanda que fue sujeta de sus propios abogados y entidades financieras.
En resumen, Dolores Etchevehere no tiene ninguna vinculación económica ni patrimonial con su madre y hermanos desde hace más de 2 años.
Hoy el Establecimiento “Casa Nueva”, propiedad de “Las Margaritas” SA donde Dolores Etchevehere no es socia, está usurpado por personas que violaron, usando violencia, el derecho a la propiedad privada (garantizado por la Constitución Nacional – Art 17 – y condenado por el Código Penal – Art 181 – ).
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