La actual coyuntura económica y financiera en nuestro país es extremadamente compleja y de una alta dosis de incertidumbre sobre cómo encauzar la economía, pensando ahora en el 2021 en adelante. Cuando el gobierno termine de negociar con los bonistas la deuda externa, deberá implementar un mínimo plan económico y bien sólido, por lo menos con un horizonte a cinco años. Para dar sustento al futuro plan económico el gobierno debería priorizar el aumento en el ingreso de divisas vía exportaciones del sector agroindustrial, el más competitivamente genuino de nuestro país. Sino tenemos esas divisas, será imposible financiar la reactivación económica y la pobreza se incrementará. Para tener un flujo alto de divisas, el Estado debe garantizar la no intervención de la producción y comercialización agropecuaria. Hay que romper con el paradigma que el intervencionismo genera distribución de riqueza. En el agro eso no sucede, cuando el Estado se mete a regular más de lo necesario, solo profundiza la pobreza. Para que seguir frenando la expansión agroexportadora de nuestro país si sabemos que ha sido el factor que siempre aporto producción, consumo nacional y exportaciones con las divisas imprescindibles ante esta crisis del país. En la Argentina tener dólares genuinos es fundamental para encarar cualquier atisbo de plan económico.
Las últimas medidas del BCRA alteraron la forma de comprar divisas y esto afecta las importaciones de insumos agropecuarios claves para producir alimentos, como los fertilizantes y agroquímicos, y le agrega mayor rigidez a la actual estructura de costos de producción, hecho que se suma a la caída que se ha producido en los precios de los commodities agrícolas, aceites y subproductos, dan como resultado márgenes negativos en la mayoría de las zonas productoras. La soja es el cultivo que más se ha visto perjudicado, con un nivel de retenciones del 33%, y hoy arroja pérdidas en más del 50% de las zonas productoras. Pensar en una reducción del área de siembra de 1 millón de hectáreas no es para descartar. El maíz también está en desventaja en el 30% de las zonas de producción. Una caída de 500.000 hectáreas en la superficie a sembrar no es difícil de imaginar. Lo que estamos diciendo es que, de continuar con el actual nivel de retenciones, habrá una caída en la superficie de siembra en esta próxima campaña 2020-21 de 1,5 millones de hectáreas solamente entre soja y maíz.
Lo arriba descripto es un escenario muy probable de ocurrir, y las consecuencias económicas se pueden resumir en el siguiente cuadro. En primer lugar, de continuar el actual nivel de retenciones, las exportaciones agropecuarias podrían sufrir una caída de 6,5 millones de toneladas (3,5 millones de toneladas de maíz y 3 millones de soja), con respecto a la campaña anterior 2019-20. El ingreso de divisas se podría verse reducido en US$3.050 millones (US$25.158 millones contra US$28.193 millones. Y finalmente el ingreso para el fisco en concepto de retenciones a las exportaciones podrían tener una caída de US$781 millones.
La ventaja de poder contar con este análisis en forma tan anticipada es que existen, y se conocen, las medidas necesarias y se está todavía a tiempo, para poder revertir esta situación. Esta en manos del gobierno que eso no ocurra.
Vamos entonces a la pregunta que muchos políticos y funcionarios no quieren escuchar: “Y si bajamos las retenciones”?
Y enfocando la solución al problema futuro que tendrá la Argentina, hemos trabajado en una hipotesis de baja en las retenciones y que impacto podría tener sobre la producción, saldos exportables, ingreso de divisas y el ingreso fiscal por retenciones. En este análisis hipotético se parte de las siguientes premisas:
*Bajar las retenciones del maíz y del trigo del 12% al 9%.
*Bajar las retenciones de la soja del 33 al 30%.
*Bajar retenciones al aceite y la harina de soja del 33 al 28%.
*Eliminar las retenciones de los cultivos de economías regionales y de todas las especialities, incluida la cebada cervecera, la cebada forrajera, el maíz pisingallo, maíz colorado, porotos, chia, etc. . Esta medida tiene un costo fiscal de US$38 millones aunque luego se hace neutro por efecto de incremento de producción y en la recaudación de otros impuestos. ¿El gobierno sabe esto?
Establecer menores retenciones a la industria de la soja es nivelar los impuestos entre el poroto de soja y los productos derivados de la industrialización, el aceite y la harina de soja. Con esta medida el gobierno logra dos objetivos centrales, mejorar la competitividad del primer sector exportador del país frente a países como Brasil y Estados Unidos que este año tendrán la mayor cosecha de soja de toda su historia, y mejora a su vez la rentabilidad del cultivo, pudiendo revertir la posible baja de la superficie de siembra de soja de 1 millón de hectáreas, o tal vez más, que se proyecta al 2021.
En el análisis global esta medida de baja en las retenciones tendría un impacto directo sobre las expectativas de siembra y aplicación de tecnología por parte de los productores. Comparado con las expectativas actuales, manteniendo las retenciones en el actual nivel, podrían aumentar las exportaciones en 12,6 millones de toneladas. El ingreso de divisas podrá aumentar en US$3.274 millones y el costo fiscal para el gobierno seria de una perdida de US$175 millones en su recaudación por retenciones. (Bo está contemplado en el presente análisis el ingreso adicional de impuestos directos e indirectos de la actividad al aumentar en 12,6 millones de toneladas los volúmenes de exportación, mayor procesamiento industrial , mayor demanda laboral, reactivación económica en el interior, entre otros efectos positivos).
El Banco Central debió vender 1000 millones de dólares para frenar la suba del dólar y la estrategia de bajar retenciones tendría una caída en los ingresos fiscales de US$175 millones, para generar más divisas y ayudar a la mejora en la actividad económica. Este debería ser el foco de la discusión.
Durante más de 30 años hemos escuchado decir a funcionarios y políticos, tráiganme ideas que no tengan costo fiscal. En este caso el costo fiscal seria de US$175 millones, mucho menos que las ventas del BCRA por US$1.000 millones en apenas dos semanas, pero los beneficios de ese “sacrificio” supera con creces el supuesto costo real de implementar esta propuesta. No olvidemos que la Argentina es el único país en el mundo que penaliza con derechos de exportación a su sector más dinámico y que genera ingreso genuino de divisas. Y debemos competir con países que no solo no aplican impuestos a la exportación, sino que en muchos casos devalúan, subsidian y protegen a su sector productor y agroexportador. No será hora de superar anacrónicos paradigmas y dejar de lado viejos prejuicios, y poner a la Argentina de pie entre todos? Tengamos al sector agroindustrial como el principal aliado para sacar al país de la peor crisis de la historia.
Fuente : Clarín
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