El ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, anunciaron este miércoles la implementación del Programa de Incremento Exportador destinado “a incentivar la comercialización de soja y promover el empleo y el abastecimiento a precios justos de los productos de todas las economías regionales”, argumenta el Gobierno.
La nueva edición del Programa según el anuncio oficial “permitirá fomentar la liquidación de la campaña de soja durante un plazo no mayor a 45 días con un tipo de cambio de $300 por dólar, en el período del 10 de abril al 31 de mayo”.
Asimismo, señalaron que “en esta nueva etapa se incluirán también a todas las economías regionales que acuerden ser parte de Precios Justos y garanticen el abastecimiento interno. La iniciativa les permitirá acceder a un tipo de cambio de $300 por dólar durante un plazo de 5 meses, que regirá desde el 10 de abril al 30 de agosto. El objetivo es también garantizar y potenciar las fuentes de trabajo de un sector que emplea 380.000 trabajadores”.
Por otra parte anunciaron que se implementará un Programa de protección a productores afectados por la sequía, dedicado a simplificar y automatizar la gestión para un universo de 69.000 productores.
También se establecerá un régimen de sanciones para las más de 100 empresas que tienen más de 3000 millones de dólares de exportaciones realizadas vencido el plazo de 180 días y sin cumplir con la liquidación exigida por el BCRA.
Repercusiones del anuncio
Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) consideraron que “el tipo de cambio de una economía deber ser único y libre. No sirven medias transitorias que incluyen a algunos y no a todos. Así, al feroz impacto de las inclemencias climáticas se suma el padecimiento de otra sequía; la sequía de ideas del Gobierno”.
La CEEA considera que “el dólar agro y el dólar soja significan un nuevo parche en la economía” y agregaron “cuando ven que las exportaciones y su aporte a las reservas nacionales no alcanzan el nivel esperado, el gobierno decide implementar un dólar en septiembre y otro en diciembre del año pasado. Y ahora el mismo parche pero en versión 3. Todo para adelantar liquidaciones de soja, con el objetivo meramente recaudatorio de engrosar a las raquíticas reservas del Banco Central”.
“Las distorsiones generadas intracadena fueron y son relevantes. Ya advertimos que se afectaron mercados a término, contratos de arrendamiento, costos de alimentación de feedlots, avícolas y porcinos, como así también los costos de la cadena láctea, con cierres de tambos, entre otras economías regionales afectadas. La falta de previsibilidad y la improvisación son moneda corriente, y los productores y consumidores estamos pagando caro estos desaciertos”, advirtieron las cuatro Entidades del agro.
Finalmente destacaron que “las economías regionales vienen castigadas desde hace más de tres años por una brecha cambiaria promedio de 100%, con costos que ajustan por inflación y/o por tipo de cambios alternativos, con lo cual la supervivencia de muchos productores está en riesgo total. Además de todo esto, la crítica situación climática está pegándonos a todos. La cosecha que viene será magra y nos preocupa cómo recuperaremos el capital de trabajo para el próximo ciclo agrícola y ganadero. Es tiempo de terminar con los parches y generar desde el Estado condiciones macroeconómicas abarcativas”.
Ronald Garnier, Presidente de FEDECO, se refirió a las medidas anunciadas por el Ministro Massa, al respecto dijo “es una medida muy confusa, en cuanto a la implementación la considero demasiado burocrática y selectiva. Es probable que algunas producciones se pueden beneficiar, pero en general distorsiona y quedan afuera: lácteos, pequeños molinos arroceros, harineros, entre otras, que por su volumen de producción no entren en precios cuidados”, señaló Garnier.
El presidente de Coninagro, Elbio Laucirica en referencia al “dólar agro” dijo que “para el caso de las Economías Regionales hay que tener en cuenta las particularidades de cada una de ellas para sopesar la incidencia de la medida. Desde el sector cooperativo creemos que medidas con tanta burocracia y criterios de elegibilidad a veces terminan no llegando a buen puerto, puesto que distorsionan precios y traen perjuicios a varios sectores de la cadena. Por eso pedimos medidas integrales y no parches. Una política más lógica para incentivar la producción sería directamente quitar hasta cero las retenciones a las economías regionales. Por otra parte, avizoramos que una medida debe ser simple, de tramitación ágil para lograr los resultados esperados. En éste tema, necesitamos más que nunca conocer los detalles de la medida para evaluar la misma”.
Según Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) “nuevamente, el dólar soja III genera un impacto negativo adicional en los costos de alimentación de animales, la actividad lechera y el precio de los alquileres agrícolas. Todo en un año de crisis, donde habrá serios problemas en la cadena de pagos agropecuaria, que repercutirán en todo el país. El nuevo “dólar agro” para las Economías Regionales, en cambio, queda sujeto a “acuerdos” con cámaras y grandes empresas alimenticias, ingresando al programa “precios justos”, para no aumentar los precios y garantizar una oferta -que ya existe-, siendo los productores primarios simples observadores del esquema, no quedando claro cómo, si percibirán, y cuando, ingresos mayores por exportaciones. En definitiva, un nuevo dólar soja sólo para adelantar divisas a las reservas del BCRA, sin soluciones para los problemas de las Economías Regionales.
“El país necesita medidas que solucionen los graves problemas que tiene el sector debido a las retenciones, la brecha cambiaria y la inflación entre otras variables”, manifestaron desde CARBAP y rechazaron la medida considerandola “coyuntural, cortoplacista, temporal, injusta y arbitraria que solo tiene como propósito seguir ganando tiempo mientras se rasca el fondo de la olla”.
Por su parte el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), Mario González, destacó como positiva la medida porque “mejora las condiciones que tienen las empresas vitivinícolas para poder exportar y sostener mercados internacionales”, al tiempo que celebró la posibilidad de dar respuesta por parte del Gobierno Nacional a un sostenido pedido del sector para atender la pérdida de competitividad de la vitivinicultura argentina. “Este tipo de cambio diferencial beneficia a todos los productos de la vitivinicultura que se exporten a partir del 8 de abril: vino fraccionado y granel, jugo concentrado de uva, pasas y uva en fresco”, detalló.
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