Este miércoles 25 de setiembre, entidades de base de la Federación Agraria Argentina de todo el país, se reunieron en Rosario para debatir las políticas agropecuarias que necesitan los pequeños y medianos productores y sus cooperativas, haciendo una fuerte advertencia relativa a que “año tras año el país produce más toneladas de granos pero son menos y más concentrados los productores, en tanto miles son desplazados de la actividad y los consumidores pagan más caros los alimentos, en un modelo agropecuario que no es sustentable y que prioriza los números de la exportación pero descarta a las personas”, denunciaron.
Tras un acalorado debate, en el documento final se dirigieron hacia quienes en estos días están desarrollando sus campañas electorales, “a quienes pueden ser presidente, diputados, senadores, gobernadores, ministros, cuando hablan de política agropecuaria, los queremos interpelar: qué, con quienes, con cuántos van a seguir midiendo los resultados de sus gobiernos con un objetivo cuantitativo que sólo considera millones de toneladas y divisas, pero que expulsa, concentra, degrada y encarece alimentos?”.
Durante la jornada, de la que participaron referentes nacionales y regionales, en el caso de Entre Ríos, estuvo representada por dirigentes y filiales de Mansilla, Islas, Gualeguay, Villa del Rosario, la Ingeniera Agrónoma Patricia Propersi, del Grupo de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Agrarias UNR, presentó un alarmante informe sobre la desaparición de productores que no se ha detenido durante los últimos años, reflejada en los Censos Nacionales.
“Este año se conocieron los datos del Censo Nacional Agropecuario 2018 y arroja que somos 40 mil productores menos que en el anterior (2008) y que los que desaparecemos somos los más chicos, confirmando lo que viene pasando en las últimas décadas (más de 160 mil desaparecieron entre 1988 y 2008). Este modelo agropecuario, de escala, que prioriza los números de la exportación y descarta a las personas, se sustenta sobre la idea de que se puede prescindir de los chacareros, los agricultores familiares, los campesinos, y desplazarlos para que avancen y se consoliden unas pocas megaempresas agropecuarias que acaparan las cadenas productivas agroalimentarias, en desmedro también del sistema cooperativo”, denunciaron los presentes.
Los agricultores y referentes de cooperativas que participaron de la jornada, coincidieron en que resulta inviable seguir trabajando endeudados, con una tasa de interés de 85% y un Banco Nación paralizado; con falta de transparencia en las cadenas de comercialización y distorsión de precios entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor; falta de mecanismos para sostener a los chacareros en las últimas situaciones de emergencia y desastre agropecuario; falta de seguridad e infraestructura en los territorios rurales en los que viven y producen.
También denunciaron la dependencia tecnológica diseñada para una agricultura puramente extensiva y de escala; el acecho constante de laboratorios y compañías semilleras multinacionales que no respetan nuestro derecho al uso propio y gratuito de semillas y condicionan la soberanía nacional; el avance contra el cooperativismo agropecuario; la falta de regulación adecuada y la competencia voraz por la tierra y los arrendamientos.
Consideraron que para frenar esta crisis y revertir el proceso de concentración en el que compañías exportadoras, grupos inversores y grandes empresas agropecuarias han acaparado recursos y concentrado las cadenas productivas y de comercialización, serán necesarias una pluralidad de políticas que cambien la estructura del modelo productivo y permita avanzar hacia un desarrollo socioeconómico y productivo nacional, que genere igualdad de oportunidades, una estructura más equitativa de distribución de la tierra, arraigo de la población rural, sostenibilidad ambiental, agregado de valor en origen, producción de alimentos de calidad y el mejoramiento de la calidad de vida en los territorios rurales y todo el país.
“A partir de ésta Asamblea una nueva Federación Agraria Argentina se construye desde sus bases, sobre los principios fundacionales y dejando atrás el silencio y seguidismo de la conducción oficial”, sentenciaron y en ese sentido confirmaron “este núcleo de Entidades de Base de todo el país, ha tomado la decisión de no asistir al Congreso convocado por la conducción habida cuenta que no está garantizado el cumplimiento pleno del Estatuto y no se siente representado por quienes se adjudican la voz federada y menos aún por los 14 puntos “consensuados” con las entidades integrantes de la Mesa de Enlace ya que ninguno de ellos trae las soluciones que los consumidores, los pueblos del interior, los chacareros y sus instrumentos, las cooperativas y mutuales”.
En el marco de la Asamblea se dió a conocer un documento que transcribimos a continuación:
Asamblea Agraria Nacional
Por una política agropecuaria para pequeños y medianos productores
Desde nuestro espacio de representación, advertimos que es necesario renovar la
conciencia y la mirada que la política tiene sobre el campo. A quienes en estos días están
desarrollando sus campañas electorales, a quienes pueden ser presidente, diputados,
senadores, gobernadores, ministros, cuando hablan de política agropecuaria, los queremos
interpelar: Qué, Con quienes, Con Cuántos?? Van a seguir midiendo los resultados de sus
gobiernos con un objetivo cuantitativo que solo considera millones de toneladas y divisas, pero
que expulsa, concentra, degrada y encarece alimentos?
Desde el comienzo de la llamada “Revolución Verde” allá a principios de los 90’, los
éxitos agropecuarios en nuestro país comenzaron a medirse en millones de toneladas,
compuestas, principalmente, por dos cultivos (Soja y Maíz) que en crecimiento constante
dejaron a la sombra a miles y miles de productores que fueron desplazados de sus chacras,
campesinos y pueblos originarios que fueron expulsados de sus territorios al ritmo de la
denominada expansión de la frontera agrícola y millones de hectáreas de monte nativo
arrasadas.
El modelo agropecuario ha pretendido prescindir de pequeños productores tamberos,
ganaderos, ovinos, horticultores, fruticultores, vitivinicultores, yerbateros, chancheros y todos
los productores que componemos el abanico de la diversidad productiva y que garantizamos los
alimentos en nuestro país. Se ha priorizado la escala y la supuesta eficiencia de quienes la
tienen, desconociendo que aún con las pocas chances que se presentaron, los pequeños
productores somos lo suficientemente eficientes para seguir produciendo, para sostener un
entramado social y productivo en los pueblos del interior en los que vivimos y trabajamos,
esenciales para abastecer de alimentos diversos, suficientes y a precios justos a los argentinos.
Este año se conocieron los datos del Censo Nacional Agropecuario 2018 y arroja que
somos 40 mil productores menos que en el anterior (2008) y que los que desaparecemos somos
los más chicos, confirmando lo que viene pasando en las últimas décadas (más de 160 mil
desaparecieron entre 1988 y 2008). Este modelo agropecuario, de escala, que prioriza los
números de la exportación y descarta a las personas, se sustenta sobre la idea de que se puede
prescindir de los chacareros, los agricultores familiares, los campesinos, y desplazarlos para que
avancen y se consoliden unas pocas megaempresas agropecuarias que acaparan las cadenas
productivas agroalimentarias, en desmedro también del sistema cooperativo.
Al segmento de agricultores, cooperativas y mutuales que aquí nos congregamos, nos
resulta inviable seguir trabajando endeudados, con una tasa de interés de 85% y un Banco
Nación que nos ha olvidado como sujeto de crédito; con el precio de las tarifas, del gas oil, de
los fletes y de los insumos agropecuarios dolarizado; con mínimos no imponibles y escalas
tributarias que por falta de actualización nos condenan a pagar como si fuésemos grandes
productores y por tanto, paradójicamente, terminamos subsidiando a los de mayor escala (con
impuesto a las ganancias y retenciones sin segmentar); con falta de transparencia en las
cadenas de comercialización y distorsión de precios entre lo que recibe el productor y lo que
paga el consumidor; falta de mecanismos para sostener a los chacareros en las últimas
situaciones de emergencia y desastre agropecuario.
Tampoco contamos con precio mínimo y sostén para las economías regionales; hay falta
de seguridad e infraestructura en los territorios rurales en los que vivimos y producimos;
dependencia tecnológica diseñada para una agricultura puramente extensiva y de escala; el
acecho constante de laboratorios y compañías semilleras multinacionales que no respetan
nuestro derecho al uso propio y gratuito de semillas y condicionan la soberanía nacional; el
avance contra el cooperativismo agropecuario; la falta de regulación adecuada y la competencia
voraz por la tierra y los arrendamientos, que nos asfixia y expulsa, sin una ley de
arrendamientos acorde a nuestros tiempos, en donde una gran cantidad de chacareros nos
vamos convirtiendo en meros prestadores de servicios y en peones calificados de un gran
negocio, del que son artífices con su trabajo, pero la mayoría de la producción no les pertenece.
Para frenar esta crisis y revertir el proceso de concentración en el que compañías
exportadoras, grupos inversores y grandes empresas agropecuarias han acaparado recursos y
concentrado las cadenas productivas y de comercialización, serán necesarias una pluralidad de
políticas que cambien la estructura del modelo productivo y para nos permita avanzar hacia un
desarrollo socioeconómico y productivo nacional, que genere igualdad de oportunidades, una
estructura más equitativa de distribución de la tierra, arraigo de la población rural,
sostenibilidad ambiental, agregado de valor en origen, producción de alimentos de calidad y el
mejoramiento de la calidad de vida en los territorios rurales y todo el país.
Las entidades de base representativas de pequeños y medianos agricultores, coincidimos
en que a pesar de que durante la primera mitad del Siglo XX las políticas públicas de tierras, de
promoción del cooperativismo, de precios para la producción agrícola, de financiamiento, de
investigación y extensión, políticas de acción social y educativas, entre otras, habían conducido
al desarrollo socioeconómico y productivo y al arraigo de los pequeños productores, en las
últimas décadas el predominó un modelo agropecuario que nos deja a los pequeños y medianos
productores agropecuarios en una situación económica y social que los pone a las puertas del
abandono de la actividad y, por tanto, es necesario que el próximo gobierno implemente
políticas públicas rurales y agropecuarias integrales y diferenciadas, que contemplen:
– garantizar la competitividad de los productos de pequeños y medianos agricultores
regulando a los mercados para equiparar las oportunidades de los productores, brindar
programas de capacitación y formación, y financiamiento para la producción y tecnificación,
articulando el rol del estado, las entidades intermedias y los productores;
– implementar un régimen impositivo fundado en los principios de proporcionalidad y
progresividad, para fomentar la producción agropecuaria de pequeños y medianos agricultores;
– facilitar los procesos de transformación y comercialización de bienes agropecuarios
promoviendo el sistema cooperativo, apuntando a reducir el número de intermediarios entre el
comienzo y el final de la cadena de producción y distribución, mejorando las condiciones de los
pequeños y medianos productores y los precios que pagan los consumidores;
– mejorar sustantivamente las infraestructuras rurales para la producción y el desarrollo
rural, con estrategias integradas enfocadas en la calidad de vida en los territorios rurales y en
generar las condiciones para un mayor agregado de valor en origen, el almacenamiento, el
transporte-caminos rurales, rutas, vías férreas y marítimas- y la comercialización de la producción de pequeños y medianos productores, para reducir costos de producción,
desconcentrar los procesos de industrialización de materias primas e incrementar notablemente
la renta de pequeños y medianos productores;
– aplicar una política integral de tierras y de arraigo para mejorar la distribución y la
tenencia de la tierra y para promover el arraigo y la permanencia en el medio rural que
contribuya a revertir los desequilibrios sociales, productivos y territoriales, un conjunto
coherente de instrumentos que permitan transformar sustancialmente las condiciones de
producción, arraigo y desarrollo rural del interior del país, contribuyendo además a la mejora de
los equilibrios territoriales y a la generación de riqueza. El equilibrio social y territorial de
nuestro país dependerá del acceso de la población rural a la tierra. Este acceso permitiría, según
demuestra la experiencia internacional, crear áreas rurales más desarrolladas, con mayor
productividad, variedad de productos y calidad de vida.
Solicitamos, entre otras, las siguientes políticas públicas estructurales:
1. Política integral de tierras. La Argentina tiene graves desequilibrios territoriales y
productivos debido a la desequilibrada distribución de la tierra. La experiencia internacional
muestra que sólo los países y las regiones que pudieron consolidar estructuras agrarias
equilibradas pudieron poner en marcha políticas de desarrollo rural sustentables y eficaces.
Para ello se plantean varias medidas, entre otras:
a. Nueva ley de Contratos Agrarios (que detenga el avance y la concentración del uso de
la tierra y genere una estructura de tenencia de la tierra más equilibrada asegurando la
estabilidad en la misma para planificar la producción);
b. Creación de un Instituto Nacional de Tierras para el estudio y la reorganización de las
estructuras agrarias.
c. Implementación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Nº 27.118
y efectiva suspensión de desalojos y titularización de ocupantes precarios
d. Plan Arraigo para la juventud
2. Puesta en marcha de un Programa Nacional de infraestructura rural enfocada no solo
a mejorar la calidad de vida en los territorios rurales, sino a generar las condiciones para
permitir un mayor agregado de valor en origen, la mejora del almacenamiento, el transporte y
la comercialización de la producción de pequeños y medianos productores
3. Fortalecimiento de la Soberanía biotecnológica, garantizando el derecho a Uso Propio
Gratuito de semillas para los agricultores y el desarrollo de tecnología nacional
4. Puesta en marcha de una política tributaria basada en el principio de progresividad e
implementación de la Ley de segmentación de derechos de exportación
5. Creación de la Agencia Federal de Estímulo a la Producción Agropecuaria -AFEPA-
(destinada a impulsar y promover la actividad agropecuaria que regule el comercio de granos
del país)
6. Política de financiamiento que contemple el ciclo agro-productivo, con tasas
diferenciadas por escala de productor
7. Programa de compras públicas y de precio mínimo sostén para productos de las
economías regionales, en articulación con provincias y municipios.
8. Programa de instalación de mercados para la venta directa de productos del
productor al consumidor, en los grandes centros urbanos de consumo y en puntos estratégicos
de territorios de todo el país, que asimismo incentive la diversificación productiva y las
producciones alternativas en las áreas rurales de esos territorios. Para esto, la política de
infraestructura contemplada en el punto 2., la política de financiamiento y la asistencia técnica
de organismos nacionales como INTA y SENASA serán determinantes.
9. Política educativa orientada al desarrollo agropecuario y rural, revirtiendo el histórico
proceso de formación secundaria que promueve el éxodo
10. Programa que mejore el acceso de la población rural al sistema de salud
11. Plan nacional de desarrollo lechero
12. Plan nacional de desarrollo ganadero
a. Modificación de la actual Ley Federal de Carnes
b. Promoción de la producción e industrialización de carnes alternativas
c. Plan nacional de desarrollo de la producción porcina
d. Creación del Instituto de promoción de carnes alternativas
13. Ampliar y mejorar la Ley de Emergencias Agropecuarias y desarrollar
complementariamente un sistema integral de seguros multirriesgos para dar previsibilidad a los
productores agropecuarios.
Documento rubricado por “Bases Federadas”
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